Involucrada la Sagarpa en una denuncia pública
Emiliano Chan Aguilar, de 88 años, un pequeño ganadero de Tizimín, sufre una “espantosa pesadilla burocrática”, como él lo llama, atribuida a empleados de la Sagarpa, que lo mantiene con diarrea y convulsiones desde hace dos años y con varios ingresos al hospital.
Su zozobra comienza a mediados de 2016, cuando un empleado de la empresa Corporación Mexicana para Proyectos en Agronegocios, S.A. de C.V. (Copra), especializada en proyectos de irrigación, lo visita en su rancho, entre La Sierrita y Kantunilkín, y le ofrece tramitar a su nombre un apoyo del gobierno para ampliar sus hectáreas de riego. Al principio, Don Emiliano duda de la oferta, pero luego acepta al saber que, según el empleado de Copra, él no debía dar ninguna aportación económica.
El mismo empleado lo lleva después a Mérida para firmar la solicitud de apoyo, el estudio técnico de la obra, los pagarés con los cuales se comprometía a devolver 341 mil pesos al Gobierno Federal —nadie le explicó que el apoyo era en realidad un crédito—, y los endosos de los cheques transferidos a su nombre pero que, por indicaciones de la Sagarpa, debía entregar a Copra, designada por esa dependencia como responsable de la obra.
La solicitud de Don Emiliano se firma no obstante que por su edad difícilmente podría ser sujeto de crédito, además de tener pocos estudios. De esto se vale la Sagarpa y la empresa para hacerlo firmar documentos sin dejarlo leer su contenido. “Estaba confiado en que trataba con una dependencia del gobierno”, dice ahora Chan Aguilar.
Copra nunca terminó la instalación del sistema de riego y le entregó, además, equipo con sobreprecio. Como la obra no se concluyó, la Sagarpa notificó al ganadero que debía devolver 340 mil pesos al Gobierno Federal, so pena de embargarle sus propiedades. Él se negó, no es justo, les dijo, pero la dependencia no cedió.
Vino a Mérida a reclamarle a Copra, cuyo propietario es José Lugo Maldonado, pero encontró sus oficinas abandonadas. Mientras tanto, crecía la presión de la Sagarpa. Luego de un tiempo, empleados de esa dependencia en Tizimín le dan la solución a Chan Aguilar: consiga dos facturas falsas y con eso damos como entregada la obra y cerramos el caso, le dijeron. Don Emiliano, desesperado, se preguntaba, ¿y dónde consigo esas facturas?
No esperó mucho tiempo. A los pocos días, los mismos empleados de la Sagarpa le informaron con quién acudir y el precio que debía pagar: $40,000 por las dos facturas. Él se negó. ¿De dónde sacó ese dinero?, no es justo, replicó. “Llevo trabajando 46 años para mis hijos, a base de sacrificio y siempre he sido derecho. Nunca imaginé que los funcionarios de la Sagarpa y de esa empresa me hicieran esta mala jugada, que ya me ha ocasionado enfermedades”, declara don Emiliano.
Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, lo entrevistó a él y a su hija, Profra. Lourdes Chan, quienes detallan la pesadilla que viven.
Según Chan Aguilar, todo empezó un día a mediados de 2016. “Llegó a mi rancho San Carlos, en el ejido ,Teapa, en Tizimín, de 44 hectáreas, una persona que dijo ser el Ing. Juan Solís, representante de la empresa Copra. Me ofreció tramitar un apoyo del gobierno a mi nombre para instalar un sistema de riego en 20 hectáreas, con tubería enterrada ”. (Continuará).— Hernán Casares Cámara
“Le dije: si me vas a pedir dinero, olvídate. No, me respondió, todo es gratuito”.
En enero de 2017, un enviado de la Sagarpa visitó su rancho y aprobó su solicitud. Poco después, empleados de Copra pasaron por él a su casa de Tizimín, en un auto, y lo llevaron a Mérida, pero antes recogieron en Sucilá a otros pequeños productores, “que también estaban tragando el anzuelo”, dice.
“Fuimos primero a las oficinas de Copra en Mérida, donde nos dieron un montón de papeles. Firma aquí, firma aquí, nos indicaron y yo les digo, y bueno, ¿qué es esto? Tú solo firma, respondieron.
“Luego, el mismo empleado de Copra nos llevó a la Sagarpa. “Aquí están los productores, dijo en la recepción. Muy bien, que firmen aquí y aquí, otra vez muchos papeles. No sé qué firmé, tal vez, el papel que nunca debí haber firmado, pero no lo supe. Los de la Sagarpa me lo pusieron así, tapando con otra hoja el contenido, solo se veía la palabra acepto. Pensé que eso significaba que aceptaba que hagan los trabajos en mi rancho, no que me comprometía con un crédito”, dijo.
Diario de Yucatán.
